Uno de los problemas de la crisis es que siempre crean una fractura social. Los ricos son más ricos; los pobres, más pobres; las clase medias se ven abocadas hacia abajo y hasta los funcionarios empiezan a ver cómo se difuminan sus privilegios para convertirse en simples trabajadores y no en esa clase ‘especial’ que eran antes. Sin embargo, me preocupa seriamente la sensación que se está implantando en este país, primero casi de enfrentamiento, pero con camino de fractura muy seria entre trabajadores y desempleados. Ya no se trata del discurso del típico tertuliano que deja caer que la solución es acabar con el pago del paro o del dirigente empresarial que exige más dinero para ayudar a crear empleo que a ayudar a los que lo han perdido. Ahora se trata de una polémica que está tomando la calle, que se oye cada vez más  y que, me da la sensación, va calando poco a poco pero inexorablemente entre una parte de la población.

Se entiende que los que trabajan están viendo cómo el Gobierno les está abrasando a impuestos, que las empresa en nombre de las crisis les rebajan sus salarios y cómo, paralelamente, los servicios que se les ofrecen por este esfuerzo se ven reducidos drásticamente y deben pagar por la sanidad que ya abonan cada mes, por la educación de los hijos o incluso por cuestiones más locales, como las huelga de las contratadas en demasiadas localidades. Y cuando uno ve mermado sus ingresos y sus derechos siempre se acaba buscando un culpable. Primero el Gobierno de turno y luego, tras tragarse los mensajes machacones de éste de que lo que hace lo hace porque no le queda más remedio, se busca a quienes perciben los impuestos que ellos pagan, como son los jubilados y los desempleados. De estos, a los primeros se les perdona, de momento, porque la mayoría tiene un padre o una madre y no es cuestión de quitarles su paga… no sea que se queden sin nada y se instalen en casa de sus hijos. Pero con los parados, cada vez hay menos perdón.

Es lamentable oír cómo se les acusa en demasiados foros, incluidos la propia calle, de cobrar por no hacer nada y de negarse a trabajar. Es cierto que en este país está en sus genes el espíritu de la picaresca del siglo de Oro, pero tampoco se debe olvidar que las generalidades nunca son buenas y mucho menos justas. Que un 25% de la población activa no tenga empleo y cobre una miseria de desempleo no es un privilegio, sino un drama y los tiempos del ’me quedo en casa’ son cosa del pasado, porque ahora mismo lo que la gente quiere no es un buen empleo, sino subsistir, llegar a final de mes como sea. Culparles de los recortes de quienes aún trabajan es inmoral, porque abre una fractura que será difícil de cerrar y porque, sobre todo, abre un debate que de fructificar puede abocar a este país no al enfrentamiento verbal y la discusión, sino al de la supervivencia. Y entonces los Mercadonas no se asaltarán para salir en la tele, sino para comer. Y cuando hay hambre, el enemigo no es sólo el Estado, sino todo el que tenga algo, aunque sea un trabajo cargado de impuestos y con menos recortes.

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